Pese a que las consecuencias del hackeo a los sistemas cibernéticos de la Secretaría de Finanzas prevalecieron este año, el gobierno del estado evadió el tema en los reportes de la cuenta pública del segundo trimestre de 2022 y en los dos que ha emitido este año.
La información es enviada tanto al Congreso del Estado como a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El inciso k de la sección de las bases de preparación de los estados financieros correspondiente al documento entregado al Congreso a mediados de julio, referente al Control interno, medidas de desempeño e información relevante de la cuenta no sólo hace mención del problema, sino que apunta a que hubo un funcionamiento normal en ese aspecto.
A principios de noviembre del año pasado, la Secretaría de Finanzas informó que sus sistemas computacionales habían sufrido una intervención externa no autorizada lo que, según la dependencia, afectó al cobro en sus oficinas de recaudación e impidió el cumplimiento de obligaciones de transparencia, como la publicación de la emisión de cheques.
La dependencia estatal indicó que los servicios se iban restableciendo, pero en el caso de la información pública, no fue sino hasta el mes pasado cuando Finanzas reinició la emisión de datos públicos.
Sin embargo, en ninguno de los tres reportes de cuenta pública que se han emitido en el lapso en que han prevalecido las consecuencias del hackeo, el gobierno estatal ha informado de su naturaleza ni actualizado su estado.
En el del último trimestre de 2022 y el primero de este año, no hay ninguna alusión, sino más bien, una descripción del procesamiento de control de información financiera.
Al respecto, señala que en materia de acceso y seguridad, la entrada “a los sistemas y la información debe estar restringido a los empleados que necesiten utilizarlos para cumplir con sus funciones”.
Y agrega que “también es importante establecer medidas de seguridad para proteger los sistemas y la información del acceso no autorizado”.
Además de repetir esa información en el más reciente informe, que corresponde al segundo trimestre de este año, el Ejecutivo indicó que no hubo ningún evento posterior al cierre qué reportar y que “no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativas de esta Administración Central”.