La ex diputada perredista Dulcelina Sánchez de Lira deberá responder a una segunda demanda puesta en su contra por un ciudadano cuyo nombre, firma y documentos fueron usados sin su permiso en el año 2017 para simular la compra y entrega de un carro de acero inoxidable para venta de tacos.
Acompañado por integrantes de la organización Ciudadanos Observando, el señor Víctor Guillermo Pérez Grimaldo informó que este jueves presentó denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, ya que existe una carta del 1 de noviembre de 2017, a su nombre y con firmas y documentos apócrifos, en la que se solicita apoyo para la compra de un carro para venta de comida preparada.
La supuesta petición fue dirigida a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura pasada, solicitud “retomada” el 28 de noviembre del mismo año por la entonces diputada Sánchez de Lira para gestionar un apoyo de 34 mil 191 pesos.
Para el 7 de diciembre, Dulcelina entregó otra carta en la que el supuesto beneficiario “agradecía” el apoyo recibido y se presentó factura de compra del carro de tacos a nombre de la empresa Centro Distribuidor de Materiales Ariest, compañía que aparecía en esa fecha ubicada en la calle Melchor Ocampo 1450, interior 304, sitio donde solo existe un departamento particular.
José Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, señaló que el mismo domicilio fue compartido por otras tres empresas fantasmas usadas para desviar recursos del erario en la Legislatura anterior y que, incluso, el Interapas acudió a una de esas firmas para “adquirir” un camión usado con valor de 928 mil pesos.
Lo anterior, durante la gestión del alcalde Ricardo Gallardo Juárez.
El activista subrayó que las organizaciones civiles y personas particulares “seguimos haciendo la chamba que debería estar haciendo la Fiscalía General y la Anticorrupción”.
“Si le escarbamos un poco más a esto, podríamos acumular decenas de denuncias aparte de las 24 que ya se tienen y, por las cuales, solo dos ex legisladores se encuentran sometidos a proceso. Recordemos que, de lo que hemos podido averiguar, hay 42 millones de pesos fugados del erario legislativo”.
El ciudadano que presentó la denuncia reiteró: “Yo nunca solicité ese puesto de tacos, no recibí nada y ni siquiera conozco a la ex diputada”.