Las empresas de comunicación en San Luis Potosí podrían ser objeto de inspecciones para verificar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, pero la propuesta aprobada en comisión legislativa no establece plazos, mecanismos de seguimiento ni consecuencias específicas para garantizar que las revisiones se realicen. Tampoco dimensiona cuántos periodistas en el estado carecen de contrato, prestaciones o seguridad social.
El exhorto, presentado por la diputada Sara Rocha Medina en julio pasado, solicita a las secretarías del Trabajo federal y estatal que inspeccionen a las empresas de medios para comprobar el cumplimiento de la legislación laboral.
También plantea que las instituciones públicas estatales verifiquen que las compañías contratadas para prestar servicios de comunicación cuenten con una constancia de cumplimiento en materia de seguridad social.
La propuesta reconoce problemas como los bajos salarios, la falta de contratos formales, los despidos injustificados y la ausencia de prestaciones.
Además, advierte que la producción de contenidos para distintas plataformas ha aumentado las cargas de trabajo de periodistas y comunicadores sin que necesariamente reciban mejoras salariales.
El documento cita un ingreso promedio mensual de 11 mil 222 pesos para trabajadores de la comunicación y el periodismo en México.
Aunque el dictamen señala que la subcontratación y la informalidad pueden facilitar la evasión de responsabilidades laborales y fiscales, no identifica empresas con posibles incumplimientos ni presenta cifras específicas sobre la situación del gremio en la entidad potosina.
Tampoco detalla cómo se comprobaría el cumplimiento de las obligaciones patronales durante las contrataciones gubernamentales.
La Comisión del Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen con opinión de la Comisión Especial de Atención a Periodistas. El exhorto aún debe ser sometido al Pleno para su votación.