La denuncia por la presunta suspensión de alimentos a personal médico y de enfermería del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” escaló al ámbito legislativo, donde diputados locales advirtieron posibles violaciones a derechos laborales y exigieron esclarecer de inmediato la situación al interior del nosocomio.
La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, señaló que, de confirmarse el retiro de alimentos durante jornadas de hasta 12 horas, se configuraría una afectación directa a las condiciones laborales del personal de salud, al tratarse de una prestación vinculada a turnos prolongados.
La legisladora fue más allá al advertir que este caso refleja fallas estructurales en el sistema de salud, particularmente en el esquema federal de IMSS-Bienestar, al que se han transferido responsabilidades operativas del hospital. En ese sentido, reiteró que la falta de recursos ha derivado en carencias que impactan tanto en la atención a pacientes como en los derechos del personal.
En paralelo, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Felipe Castro Barrón, adoptó una postura cautelosa al señalar que no existe aún confirmación oficial sobre la suspensión de este beneficio, aunque reconoció que el hospital sí contempla, en su operación, la provisión de alimentos para médicos, enfermeras y personal en formación.
No obstante, el legislador subrayó que el señalamiento no puede ser ignorado, por lo que adelantó que solicitarán información formal a la institución para determinar si hubo modificaciones en las prestaciones o fallas en su cumplimiento. La polémica se da en un contexto de creciente presión sobre el sistema de salud en la entidad, donde trabajadores han comenzado a visibilizar condiciones laborales que consideran cada vez más precarias.