La Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó irregularidades por 11 millones 358 mil 436.77 pesos en la LXI Legislatura, donde participaron 16 de los 27 diputados, revelaron hoy organizaciones ciudadanas.
En conferencia de prensa, Manuel Nava Calvillo integrante del FCA, explicó que las irregularidades denunciadas en su momento por ellos y otras asociaciones ciudadanas, corresponden a transacciones con proveedores por parte del Congreso del Estado, en el período del 14 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017.
Las observaciones de la ASE se dividen de la siguiente manera: 3 millones 291 mil 716.33 pesos por pago a proveedores no localizados en 2017; 2 millones 145 mil 034.74 pesos por operaciones con el Sistema de Comercialización Nava S.A de C.V., reportada por el SAT como emisores fiscales sobre operaciones simuladas (EFOS).
Además, un millón 837 mil 695.09 pesos por proveedores no localizados; 976 mil 306 pesos por comprobantes cancelados de la proveedora Adriana Angélica Peredo Gómez; 54 mil 143 pesos por operaciones con sistema comercial 377 S.A. de C.V., reportada por el SAT en la relación EFOS; y 13 mil 400 pesos por pago duplicado a Consultoría de Excelencia Empresarial.
Y finalmente, 3 millones 040 mil 141.61 pesos por apoyo reportados como no recibidos por los beneficiarios.
Denunció que los implicados son: los priistas José Luis Romero Calzada, Oscar Bautista Villegas, Martha Orta Rodríguez, Esther Angélica Martínez y Rebeca Terán Guevara; los panistas Mariano Niño Martínez, Josefina Salazar Báez, Jorge Díaz Salinas, Citlali Sánchez Servín y Enrique Flores Flores; y los perredistas Dulcelina Sanchez de Lira, Sergio Desfassiux Cabello, Graciela Gaitán Díaz y José Guadalupe Torres Sánchez.
Asimismo, Gerardo Serrano Gaviño del partido verde ecologista de México, y Ricardo García Melo del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí.
Por lo anterior, exigió al Congreso del Estado, a la Comisión de Vigilancia y a la ASE, inhabilitar a los ex legisladores para evitar que la impunidad "de la que gozan sus antecesores se prolongue", con base en lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
En la denuncia pública participaron el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), Ciudadanos Observando (CO), Cambio por San Luis y otras organismos civiles.