Dijo que la resolución institucional se efectuó en alrededor de un mes –entre que se denunció y se resolvió la situación-, cuya temporalidad consideró que fue extensa, dado que las victimas tardaron dos semanas en reportar el hecho.
“Tenemos una política adoptada de cero tolerancia a la violencia de género, al acoso sexual. Tenemos un marco normativo, un código de ética y tenemos además, este laboratorio de investigación en derechos humanos”, refirió.
Indicó que desde la presidencia de la institución instruyó al laboratorio de investigación en derechos humanos, conformar un protocolo de actuación en casos de esta índole.
Explicó que dependiendo de la persona que ejerza el acoso, será el tipo de sanción, es decir, si se trata de personal de la institución la máxima pena puede ser el despido, según la valoración del Órgano Interno de Control.
Vázquez Salguero acotó que si la parte afectada desea proceder en el ámbito penal puede hacerlo sin mayor problema, la denuncia puede documentarse con el expediente abierto del caso.