Un tribunal de juicio oral impuso al exsecretario de Salud Miguel Ángel Lutzow Steiner una pena de 5 años y tres meses de prisión, una multa de 46 mil 046 y la reparación solidaria del daño causado el erario público por una cantidad hasta ahora no determinada de dinero, con lo que quedó abierta la posibilidad de que haya más sentenciados por los hechos. El sentenciado insistió en su inocencia y calificó el proceso como “un teatro”.
El criterio de reparación solidaria del daño se basó que fue considerado coautor de una presunta compra simulada de insecticida por 32 millones de pesos, aunque al menos en el proceso abierto en contra de él, no fueron presentados otros imputados.
La defensa del exfuncionario advirtió que no se acepta ninguna pena, y de inmediato se recurrirá a la apelación y luego, cuando el Tribunal de Alzada confirme o incluso aumente la sentencia, promoverán el juicio de amparo directo.
El abogado Martín Villegas Beltrán explicó que se esperaba una condena mayor a 5 años para que el acusado no recibiera algún beneficio. Sin embargo, la defensa no aceptó ni un tipo de sentencia porque él es inocente.
Aunque inicialmente se dijo que el monto del daño causado es de 32.7 millones de pesos, el abogado aseveró que “la sentencia es aberrante porque el juez ni siquiera pudo determinar el monto del que hace responsable a nuestro cliente”.
Tras la audiencia de individualización de la condena, el tribunal anunció que el 17 de octubre entregará a las partes los detalles de la condena y la explicación de los términos y la determinación del monto involucrada.
“Es lamentable el teatro que han hecho en mi contra... es muy grande el daño a mi persona y mi familia”, advirtió Lutzow Steiner durante la audiencia para conocer el alcance de la pena.
Pulso conoció los dichos del extitular de Salud en la audiencia, en la que insistió en que ninguno de los elementos agregados a la sentencia es verdad, y reprochó que los jueces se hayan prestado “al teatro armado por el Ministerio Público”.
También acusó al tribunal de incurrir en “malabarismo lingüístico”, armado para criminalizarlo por un hecho que no cometió.