El litigio entre las empresas asociadas para manejar el acueducto El Realito destapó que a fines de 2014 e inicios de 2015, en tiempos en que Fernando Toranzo Fernández fue gobernador, por presiones de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y del Interapas, la obra inició sin estar lista, de manera precipitada, lo que generó deficiencias constructivas y de instalación en la obra.
Lo anterior queda expuesto en párrafos de una carta firmada por Sarita Mazuera Lozano, directora de Operaciones de la empresa Operadora El Realito SA de CV (OERSA), encargada de la operación del acueducto, a Aquos El Realito, la compañía concesionaria de la obra, en la que le informaba los adeudos y pasivos por 92.3 millones de pesos y por los que reclamaba el pago. De ese documento, este medio tiene una copia.
En un apartado titulado “Costos Pre Operativos” la directiva de OERSA explica que en 2015 “las dependencias de SLP “CEA e Interapas” ejercieron una gran presión sobre la concesionaria Aquos para el inicio de operaciones del sistema El Realito”.
En ese entonces, la CEA estaba dirigida por Aldo Ruiz Hernández, y el Interapas estaba a cargo de Héctor García Castillo.
Por las presiones de las autoridades potosinas, señala el documento, Aquos y OERSA “tuvieron que reaccionar de forma precipitada” para que el arranque fuera lo más rápido posible.
Pero esas acciones adelantadas, argumenta la misiva, causaron que “se tuvieran deficiencias constructivas y de instalación” lo que ocasionó sobrecostos en el pago a personal, uso de químicos para purificación y en energía.
Entre las precipitaciones, detalla OERSA, estuvo la orden de iniciar el bombeo cuando aún había puntos críticos sin resolver en la infraestructura, responsabilidad de la empresa a cargo, Ciapsa.
También había fugas cuya reparación sería imposible una vez iniciada la actividad continua del acueducto.
La empresa advirtió que las responsabilidades legales y los sobrecostos serían responsabilidad de Aquos, pero ésta nunca respondió a la propuesta.
El arranque adelantado de El Realito generó sobrecostos por 5.5 millones de pesos, que tras un regateo con Aquos, quedó en 3.6 millones de pesos, mismos que no han sido pagados aún.