La falta de datos sobre violencia contra las mujeres en San Luis Potosí no es solo una falla técnica: es un problema político y estructural que impide conocer la magnitud real del fenómeno y limita la respuesta institucional, advirtió Fátima Hernández Alvizo, abogada y especialista en derechos humanos y género.
Hernández Alvizo, señaló que la medición de la violencia ha sido históricamente un reto para los distintos niveles de gobierno, incluso desde la implementación del Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Sin embargo, sostuvo que el problema ha evolucionado y hoy también se centra en las metodologías utilizadas, las cuales —afirmó- responden a intereses que han convertido la medición en un terreno de disputa política.
En el caso de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), explicó que el modelo de San
Luis Potosi presenta diferencias clave respecto a otras entidades, donde estos espacios dependen de las fiscalías y los registros se vinculan con carpetas de investigación. En la entidad, los centros están adscritos a la Secretaría de las Mujeres, lo que implica subordinación administrativa y dispersión presupuestal, factores que inciden directamente en la forma en que se generan —o se omiten— los datos.
La maestra en Derechos Humanos, advirtió que la falta de registros precisos también responde a limitaciones operativas: carencias en infraestructura económica, insuficiencia de personal y una carga constante de atención que desplaza la sistematización de la información. La prioridad en la atención de casos, dijo, deja sin tiempo ni recursos suficientes para medir, lo que deriva en datos incompletos y poco confiables.
Este escenario, señaló, evidencia que los CJM no cuentan necesariamente con las condiciones para cumplir con la medición de la violencia que atienden. La ausencia de información no solo distorsiona el diagnóstico, sino que impide diseñar, exigir y evaluar políticas públicas efectivas. De acuerdo con datos del Inegi, más del 95 por ciento de los casos atendidos en estos centros en la entidad permanecen sin clasificar.