CEGAIP alega falta de personal y no transparenta sus gastos

Una revisión presencial de documentos sobre vehículos, viáticos y gasolina se programó para el 23 de junio

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), encargada de vigilar la transparencia en San Luis Potosí, alegó falta de capacidad operativa para entregar en formato electrónico información sobre sus propios gastos.

Las respuestas fueron emitidas a solicitudes sobre vehículos oficiales, consumo de gasolina, mantenimiento, bitácoras, viáticos, hospedaje, alimentación, traslados y gastos de representación.

La Comisión no declaró inexistente la información sino que reconoció que los documentos obran en expedientes, libros de bitácora y registros internos, pero cambió la modalidad de entrega y ofreció únicamente consulta presencial en sus oficinas.

El argumento fue que su Dirección de Administración y Finanzas está "rebasada" para procesar la información, aunque esa área opera con una estructura similar desde hace años.

La decisión contrasta con el artículo 45 de su Reglamento Interior, que faculta a la Unidad de Transparencia para gestionar internamente las solicitudes, facilitar el acceso a la información y tramitar ampliaciones de plazo ante el Comité de Transparencia cuando las áreas lo requieran.

Aunque la solicitud fue presentada el 1 de junio, al llamar para agendar la consulta presencial, la revisión de los documentos fue programada hasta el martes 23 de junio.


Además, la CEGAIP mantiene reservada por cinco años la totalidad de la información del programa "Sistema Acércate: Programas y Servicios Públicos para Ti", vinculado con cooperación internacional de la Unión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la AMEXID.

Esa reserva fue aprobada por unanimidad por el Comité de Transparencia de la propia Comisión el 20 de noviembre de 2025, bajo el argumento de que divulgar la información podría afectar negociaciones y relaciones internacionales.

Así, el órgano que revisa las respuestas de transparencia de otros entes públicos evitó entregar en formato electrónico información sobre sus propios gastos operativos y aplazó la consulta presencial de los documentos.