Luego de que por la ausencia de tres legisladores se canceló la sesión extraordinaria que se iba a celebrar el pasado sábado para dar trámite a la repetición del proceso para decidir si la magistrada del Poder Judicial del Estado (PJE), Refugio González Reyes, aumentó la multa aplicada a dos legisladores, además del riesgo de ser separados del cargo y consignados por desacato de un amparo federal.
Se trata de la presidenta de la Directiva del Congreso, la panista Aranzazu Puente Bustiundi; y el titular de la Comisión de Gobernación, José Luis Fernández Martínez del PVEM.
El viernes pasado, el Congreso recibió un ultimátum del Jugado Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo 705/2020 abierto por González Reyes para combatir su no ratificación en el cargo, decisión de la pasada Legislatura.
De incumplir con la orden, el Juzgado advertía que los dos legisladores se harían objeto de una sanción monetaria equivalente a 200 unidades de medida y actualización, que representan 20 mil 748 pesos.
Pero además, los apercibió con que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, “para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.
El texto del exhorto revela que el Congreso potosino informó que sería el 22 de mayo, ayer, cuando realizaría la sesión, pero el Poder Judicial de la Federación insistió en que debía realizarse en el plazo de 24 horas.
Sin embargo, la sesión prevista para el sábado no se realizó por la ausencia de la propia Puente Bustiundi, de Nadia Ochoa Limón y Héctor Ramírez Konishi. De ellos, sólo la primera justificó la ausencia.
Por esas faltas, el Congreso no reunió el quórum requerido y la sesión no se realizó, quedando pendiente, lo que dejaba abierto el desacato legislativo.