Familiares de Lupita Viramontes presentaron una apelación contra la decisión del juez Ernesto Rivera Sánchez, del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas, quien otorgó la libertad anticipada a Guillermo N., uno de los responsables del feminicidio de Lupita. La familia considera que la resolución del juez priorizó los derechos del agresor, desestimando las demandas de las víctimas indirectas durante la audiencia.
"El juez no supo interpretar el contexto del crimen ni las circunstancias actuales en las que nos encontramos como víctimas. No se priorizó el derecho a la justicia de Lupita, ni nuestros derechos como familia. Además, nuestras preocupaciones en términos de seguridad fueron ignoradas", manifestaron los familiares tras la resolución.
Guillermo N., actualmente de 27 años, debía cumplir una pena máxima de cinco años por su responsabilidad en el feminicidio. Sin embargo, gracias a la aplicación retroactiva de la Ley de Justicia para Adolescentes, se le concedió una reducción de su condena, lo que resultó en su liberación anticipada. La familia expresó su descontento ante lo que consideran una decisión injusta, resaltando que Guillermo eludió la justicia durante casi una década y no ha cumplido con las obligaciones estipuladas por la ley.
En el marco del Día Internacional de la Niña, la familia lanzó un llamado urgente: "Que ninguna niña potosina vuelva a experimentar la violencia de género; que el feminicidio y la injusticia nunca sean parte de sus vidas. La impunidad en los feminicidios envía un mensaje de permisividad que socava cualquier estrategia de prevención, lo cual es una responsabilidad directa del Estado".
Además, exigieron a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que implementen medidas urgentes para proteger la integridad y seguridad de la familia de Lupita. Recordaron que seis meses antes del feminicidio, las amenazas no solo iban dirigidas a Lupita, sino también a sus hermanos.
"La decisión del juez nos deja en una situación de vulnerabilidad. No puede llamarse justicia si la seguridad de nuestra familia y de la sociedad está en riesgo por una decisión judicial. No hay justicia sin la garantía de no repetición ni sin una reparación integral del daño", subrayaron los familiares.
Finalmente, advirtieron que la reciente decisión de levantar la Alerta de Violencia de Género en tres municipios del estado ocurre en un contexto de aumento de feminicidios, lo que genera miedo, tristeza y desesperación. "Exigimos justicia para Lupita Viramontes. Ella no es solo una cifra; tenía sueños y proyectos que fueron arrebatados por sus feminicidas", concluyeron.