Aldo Fernández
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La diputada federal Itzel Balderas Hernández usó las anomalías en un feminicidio ocurrido en Matehuala como ejemplo para comprobar la poca o nula acción ante los crímenes de la violencia de género por parte de autoridades estatales. Un punto de acuerdo emitido en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para dar fe de que “a pesar de que existe una mayor seguridad por parte de las mujeres en denunciar algún tipo de violencia, las autoridades hacen caso omiso a sus llamados”.
El caso, que generó recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, muestra que a pesar de que la víctima denunció de manera previa a su pareja ante la Fiscalía General del Estado, la negligencia por parte de este organismo no pudo evitar el feminicidio a manos de la persona denunciada, señaló la legisladora.
Este punto se origina de la preocupación de que actualmente las adolescentes entre 12 a 17 años representan el 80% de las desapariciones de menores de edad en México. Además de que, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expuso que para 2020, las niñas y adolescentes representaron, con 112 casos, el 11.5% del total de feminicidios en el país, señaló Balderas Hernández. En el caso de San Luis Potosí, la situación sigue sin mostrar mejoras e, incluso, llega a verse deteriorada, pues para lo que va de este 2024, los casos delictivos contra niñas y adolescentes entre 0 y 17 años llegan a los 68, mientras que el 2022 lo cerró con 62 y 2023 con 56 casos, de acuerdo con la plataforma Red por los Derechos de la Infancia en México.
Asimismo, los casos relacionados con violencia sexual contra las mujeres demuestran un panorama complicado para la entidad potosina, pues en 2022 y 2023 fueron registradas 656 y 686 víctimas femeninas de este delito entre menores y mayores de edad. El exhorto pretende reformar dos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer “evaluaciones y resultados de las acciones realizadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno respecto a su obligación para atender y salvaguardar la integridad y la vida de niñas, adolescentes y mujeres”.