El miércoles, falleció la fémina agredida por su pareja con un arma de fuego el 6 de junio pasado, a quien desde el año pasado había denunciado por presuntamente violar a sus dos hijas, y sobre quien ya había orden de aprehensión.
“Culpo y señalo directamente a las instituciones, como responsables de este feminicidio (…) No vamos a permitir que siga sucediendo, Si no puede el gobierno, las instituciones cumplir con su obligación de proteger la vida de las mujeres, que se vayan”, dijo.
Aparte, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, reclamó que dicho feminicidio permite ver cómo la falta de compromiso y omisión por parte de las autoridades, se lleva de por medio la vida de las mujeres.
Recalcó que se pone de manifiesto la falta de coordinación y de efectividad de las acciones institucionales, por lo tanto, hay responsabilidad administrativa de los funcionarios, y los familiares de las victimas pueden promover sanciones contra ellos, recordó.
“Nuevamente pone de manifiesto la carencia de medios efectivos de salvaguarda de vidas de mujeres, que ya han puesto de conocimiento a la autoridad que son víctimas y la falta de medidas claras que impidan que sus vidas queden en riesgo”, concluyó.