Priorizar la investigación de los delitos puede ser una estrategia favorable de la FGE a corto plazo, sin embargo, más allá debe buscarse una alternativa para obtener más recursos ante la falta de personal, dijo Rubén Guajardo Barrera, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.
Después que el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2021 advirtió que la Fiscalía General del Estado cerró apenas el 3% de las carpetas de investigación que abrió durante dicha anualidad, el fiscal general José Luis Ruiz Contreras justificó que se debe a que la dependencia prioriza los delitos que ameritan una judicialización.
De acuerdo con estimaciones del legislador del Partido Acción Nacional (PAN), el organismo autónomo cuenta con alrededor de 600 elementos de la Policía de Investigación (PDI), y sería importante definir cuántos operan de forma correcta.
Así, evaluó que existe una limitante de los investigadores para ejecutar sus obligaciones y responsabilidades de la mejor forma, y atender los distintos ilícitos.
Sin embargo, matizó que no es una justificación de la institución de procuración de justicia para “poder decir: ‘le doy prioridad a estos, porque el recurso es limitado’”, complementó.
Guajardo Barrera adujo que, si Ruiz Contreras solicita ampliación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, deberá argumentar en qué, cómo y dónde se aplicará el recurso público.
“Hay que decir algo: los recursos son limitados, los presupuestos son limitados, aunque se aumentó 60 millones más para este año, y el personal que tiene la Fiscalía, así como los Ministerios Públicos para armar las carpetas de investigación y la policía de investigación son limitados”, concluyó.