Que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya definido que la venta de drogas fue el móvil por el que una célula de la delincuencia organizada secuestró y asesinó a Daniela Martell Orozco, conductora de InDrive, criminalizó a la víctima, porque difundió información privada de la carpeta de investigación sin contextualizar los hechos, valoró Patricia Hernández Alvizo, abogada de la asociación civil Lúminas Centro de Derechos Humanos.
En entrevista, la abogada indicó que si Daniela se cruzó por un mal momento con integrantes del grupo delictivo, si cuando alguien le solicitó el servicio por aplicación, con la que no tenía relación, se terminó involucrando, y la declaración de venta de drogas sin contexto solo genera dicha criminalización.
Aunado a ello, advirtió que la FGE ha comenzado a tipificar las muertes violentas de mujeres como desapariciones, secuestros agravados y homicidios dolosos en lugar de feminicidios, generándose una disminución de estos últimos y el retiro de las Alertas de Violencia de Género.
La activista adujo que un correcto tratamiento mediático de este caso debe poner al centro a la familia, la cual decide qué información puede compartirse para no criminalizar y estigmatizar, pero también considerar las prohibiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
"La clasificación jurídica no solo sirve para tener personas detenidas, sino también para darle certeza a familiares, amigas y amigos de lo que le sucedió", comentó.
Por lo tanto, cuestionó que la FGE intente judicializar el caso como desaparición y secuestro agravado, cuando al menos con los detalles públicos divulgados, puede considerarse como feminicidio.