De las siete denuncias por tortura que se acumularon en el primer bimestre del 2026, algunas las interpusieron las víctimas y otras se iniciaron por solicitud del juez de Control, afirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aunque no precisó contra que policías se iniciaron las carpetas de investigación, estimó que las averiguaciones incluyen por igual, a corporaciones de seguridad pública municipales como estatales.
Afirmó que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se encuentra en proceso de la realización del protocolo de Estambul, técnica para establecer que una persona fue torturada.
Por lo tanto, una vez que se obtengan los resultados de la metodología aplicada a las víctimas, puede determinarse si hubo relación o comisión de agresiones de los elementos policiales al momento del arresto, añadió.
"La Fiscalía de tortura recibe (denuncias) de diferentes corporaciones. Obviamente que se deben hacer las investigaciones. El Ministerio Público tiene la obligación de aplicar el protocolo de Estambul, concluyó.
El caso más reciente que documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Recomendación No.07/2024, se remonta a abril del 2023 cuando tres policías de la entonces Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez, levantaron y torturaron a dos jóvenes.