Un estudio de México Evalúa sobre el uso de herramientas digitales para investigación criminal en los estados reveló que la Fiscalía General del Estado se debate entre las carencias y la opacidad.
Uso limitado de tecnología en fiscalías estatales
El reporte "Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México", realizado por México Evalúa, investigó en las fiscalías estatales el uso de 14 herramientas digitales de la información aplicadas a la procuración de la justicia, entre las que están la toma de huellas digitales; cámaras corporales de policías; identificación facial; toma de denuncias vía digital e identificación de ADN.
De ellas, la Fiscalía General potosina informó que utilizaba seis, es decir, el 42 por ciento, ubicándose como la quinta entidad con el menor número de herramientas digitales utilizadas.
Falta de sistemas clave y opacidad en la Fiscalía potosina
Entre las herramientas que la FGE aceptó que no usa era un sistema de análisis de grandes cantidades de datos. Esta herramienta, señaló el estudio, es necesario debido a la gran cantidad de información derivada de las denuncias que maneja; además de un sistema de identificación facial.
También reconoció que no contaba con algún sistema para desbloquear y extraer datos de teléfonos celulares, pese a que en administraciones anteriores se adquirió equipo que realizaba estas tareas.
Tampoco dispone de algún sistema para rastrear direcciones IP de internet.
La FGE potosina también destacó por la falta de respuesta a los requerimientos del estudio.
La dependencia fue una de las tres instancias de los estados, junto con Morelos y la Ciudad de México que, llanamente, no contestaron a la petición de información acerca del uso de sistemas para el monitoreo de cámaras corporales de sus agentes de investigación.
"El monitoreo de las cámaras corporales resulta crucial para evitar abusos", establece el estudio de México Evalúa.
Otra muestra de la opacidad con la que la FGR se manejó en este estudio está el sistema de identificación de personas a través de muestras de sangre y ADN.
La mayor parte de las entidades informaron qué tipo de sistema están utilizando, pero San Luis, aunque informó que lo usaba, se negó a detallar la información, argumentando que eran datos reservados.