De las denuncias que presentó el Ayuntamiento capitalino contra la administración del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, las cuales siguen pendientes de resolución en la Fiscalía General del Estado (FGE), esta institución aclaró que el tema es ahora completa responsabilidad del fiscal anticorrupción, Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
Antes del nombramiento de este fiscal, registrado el 6 de mayo de este 2021, las denuncias eran atendidas por el visitador general de la FGE, Juan Alberto Camarillo Zavala, personaje que en diversas entrevistas mencionó que el cierre de oficinas de diversas instancias de justicia a causa de la pandemia de Covid-19 a lo largo del 2020 y lo que va del 2021, era la causa principal del retraso en los procesos de investigación de dichas denuncias.
Interapas presentó denuncia por peculado contra los administradores gallardistas por un daño patrimonial superior a los 152 millones de pesos, mediante la asignación injustificada y sobrepreciada de tres contratos de servicios médicos para los trabajadores. Hay también una de defraudación fiscal, pues la anterior administración, de Ricardo Gallardo Juárez, retenía el ISR de los trabajadores pero no lo enteró al SAT, lo que al final afectó al municipio.
La administración navista presentó denuncia por casi 113 millones de pesos que la alcaldía gallardista entregó a tres constructoras para la obra de avenida Fray Diego de la Magdalena, que no se hizo.
A más de cuatro meses de haber recibido el encargo, el fiscal anticorrupción Torres Zúñiga no ha actualizado el estatus de las querellas presentadas por el actual Ayuntamiento y tampoco ha presentado los resultados del “diagnóstico puntual” que dijo que haría en los primeros días de su labor.
El actual fiscal anticorrupción recibió, de manos del visitador Camarillo Zavala, cuatro denuncias en contra de la administración del Gallardo Juárez de las cuales, sólo una de ellas se ha podido judicializar.
Otras siete, del mismo tenor, fueron atraídas en su momento por la Fiscalía General de la República (FGR) porque involucran uso de recursos federales.
Salvo la judicialización de una de las cuatro denuncias locales, el estatus general del conjunto de 11 querellas permanece prácticamente igual desde septiembre del año pasado.