Con todo y tener un plazo de dos años para crearla, el Ejecutivo rebasó la fecha límite para la entrada en vigor de la nueva Procuraduría Urbana (PU), además de que entre los integrantes de su Junta Directiva está una dependencia que aún no existe, pese a que también se venció el plazo otorgado para crearla.
Ambas dependencias fueron creadas al amparo de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de julio de 2018 y, por tanto, vigente un día después, el 18 de ese mes.
Su transitorio décimo sexto establecía un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia para crear y poner en operación la PU y al Instituto Estatal de Planeación Urbana (IEPU). La fecha límite entonces era el 18 de julio de este año.
Sin embargo, el decreto de la PU aparece en una edición del Periódico Oficial del Estado fechado el 17 de agosto, casi un mes después del plazo obligado, aunque hay dudas si esa fue la fecha real de creación por inconsistencias en el registro de publicaciones del órgano oficial.
De la otra dependencia mencionada, el IEPU, no existe evidencia de su creación.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Rolando Hervert Lara, reveló IEPU debería haber sido creado a más tardar el 17 de julio, “pero no existe”.
El legislador indicó que el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se reunirá apenas el 8 de septiembre próximo para aprobar el reglamento del instituto, del que no se conoce un proyecto y designar al titular de una institución inexistente.
Ahí mismo, indicó, surgiría la terna propuesta por el Ejecutivo para que la Junta Directiva de la PU elija al procurador.
“Pero no sabemos si existen perfiles propuestos; en los cuales debe aparecer una experiencia probada en derecho urbano”, añadió Hervert Lara.
Sin embargo, señaló que “algo huele mal en el tema” cuando la PU contará con la figura de un procurador, con una junta directiva que integran diez dependencias estatales.
El legislador panista advirtió que la PU corre el riesgo de convertirse en un “Club de Toby”, en el que, “entre cuates” se decidan las sanciones a imponer por violaciones a la normatividad de la materia.
Rolando Hervert finalmente alertó que “si las decisiones no son consultadas con nadie, más que con los mismos que controlan todo, no hay una intención sana en esa procuraduría”.