La reforma electoral habrá sido el último clavo de la tumba a la democracia mexicana, si es que los diputados la aprueban, advirtió el exsecretario de Hacienda y presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, durante la apertura de la cuarta Expo Proveedores que organiza la alcaldía de la capital.
Explicó que precisamente estos factores regresivos son los que han acabado con la democracia, pero también con los niveles de confianza en la inversión y por lo tanto, con los términos bajo los que de manera normal debería de desarrollarse el tratado de libre comercio.
Citó como ejemplo de la regresión de la democracia, el caso de la relación que se presume del involucramiento del narcotráfico con las elecciones, o en su caso el narcotráfico con los gobernadores, como un modelo que nada más sucede en México.
Precisó que la reforma judicial, que incluyó la elección de servidores públicos del sistema judicial por métodos políticos, pegó directamente en el nivel de confianza en el estado de derecho, pero también abre nuevos frentes que de no resolverse, terminarán por alejar del país a los inversionistas.
Recordó que ya hay golpes fuertes que han resentido por ejemplo la industria automotriz estadounidense o alemana con la implementación de aranceles, por cierto, países que cuentan con inversiones en San Luis Potosí.
Precisó que esta combinación de narcotráfico y servidores públicos del sistema judicial electos por métodos políticos, abren para la inversión un escenario escalofriante.
Otro enorme problema que mandó a México al hoyo en los indicadores de estado de derecho, fue señalado por el exfuncionario de la OCDE en el caso de las modificaciones a la Ley de Amparo, que dejaron de ser garantistas para que un juez determine que la justicia de la unión proteja y ampare a todas las personas que se encuentren en el mismo supuesto de alguna violación procesal, al burocratizar el trámite y convertirlo en un trabajo de trámite personal e individual entre cada uno de quienes se asuman como víctimas de los excesos constitucionales o en su caso de los actos de la autoridad, lo que pega directamente en la seguridad jurídica y en las posibilidades de que un juicio de amparo sea exitoso.
Recordó que justo las reformas del estado llegaron en el peor momento, porque las políticas públicas del gobierno actual y su antecesor, se concentran en un gasto que consume el 85 por ciento del producto interno bruto en acciones que nada se relacionan con, la generación de infraestructura, la dotación de servicios e incluso aspectos como la energía y el agua.
De hecho, considera que hay un escenario catastrófico en el grave problema que el sistema de gobierno actual ha creado al tirar la inversión pública y sacrificarla con un modelo de gobierno que para infortunio ya lleva 8 años.