El gobernador Ricardo Gallardo Cardona envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Constitución local, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, con el fin de establecer un esquema de retiro, jubilación y pensión para las y los policías municipales.
La propuesta busca que cada ayuntamiento garantice a sus elementos el acceso a estas prestaciones, ya sea mediante instituciones públicas de seguridad social o a través de "modelos equivalentes" que se ajusten a criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia.
Aunque el documento aclara que no se pretende imponer "esquemas rígidos ni centralizados" y que se respetará la autonomía municipal, también señala que los ayuntamientos "deberán garantizar" el acceso a las pensiones. Esto ha generado interpretaciones sobre si se trata de una obligación directa o de una facultad sujeta a las condiciones de cada municipio.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo estatal argumenta que, a diferencia de los policías estatales —que cuentan con cobertura a través de la Dirección de Pensiones del Estado—, los elementos municipales carecen de un sistema uniforme y enfrentan vacíos normativos y operativos que dificultan su acceso a prestaciones de retiro.
La iniciativa plantea que los cabildos puedan optar por convenios con instituciones públicas o privadas, así como por la creación de fondos propios. Este punto ha generado reservas, ya que abre la posibilidad de esquemas distintos al régimen público ordinario y deja la operación y supervisión en manos de cada municipio.
En los artículos transitorios, se ordena a los ayuntamientos que, en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor de la reforma, incluyan en sus presupuestos una partida específica para financiar los nuevos esquemas. Sin embargo, no se define una fuente de recursos clara ni un fondo estatal complementario.
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