Consejeros y representantes indígenas de San Luis Potosí, manifestaron su rechazo a la posible reactivación de la fracturación hidráulica en distintas cuencas del país, al advertir que este tipo de proyectos, vulneraría derechos humanos, pondría en riesgo recursos hídricos y generaría impactos ambientales irreversibles en territorios comunitarios.
Señalaron que cualquier plan energético que contemple el uso de fracking en zonas habitadas por pueblos originarios carecería de validez si no se realiza una consulta previa, libre e informada, como lo establece la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Indicaron que, desde su perspectiva, este proceso debe efectuarse antes del diseño de los proyectos y no como un mecanismo posterior para legitimar decisiones ya tomadas.
Los representantes también cuestionaron el argumento de soberanía energética, al considerar que el uso intensivo de agua dulce para la fracturación hidráulica comprometería la seguridad hídrica y alimentaria de las regiones donde se implemente. Advirtieron que la extracción de millones de litros por pozo podría afectar acuíferos utilizados para consumo humano y actividades agropecuarias.
Rechazaron la idea de un “fracking ecológico”, al sostener que la técnica implica la inyección de sustancias químicas y la liberación de metano, elementos que afirmaron, conllevan riesgos ambientales inevitables. También alertaron sobre la posibilidad de que estas prácticas se extiendan a otras zonas, como la Cuenca Tampico-Misantla, donde señalaron que la densidad poblacional y la red hidrológica incrementarían los posibles daños.
Agregaron que insistir en la explotación de gas de esquisto representa, a su juicio, una apuesta económica obsoleta frente al avance de las energías renovables, por lo que consideraron más viable invertir en eficiencia energética y fuentes limpias.