El Tribunal Unitario Agrario resolvió a favor de los comuneros de San Juan de Guadalupe, por lo que determinó que el Gobierno del Estado está en deuda con los ejidatarios y comuneros por no realizar el pago de la expropiación de 15 hectáreas, lo que le obliga a pagar a valor comercial del año 1978 por esas tierras, más las actualizaciones al momento de que sea realizado el pago.
El subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ulises Valencia Gordillo, explicó que quien va a determinar la cantidad a pagar, será el Instituto Nacional de Evaluación de Bienes Nacionales y dijo que el Gobierno del Estado se encuentra valorando la posibilidad de impugnar la sentencia; "creemos que se debió de condenar de manera diferente", aseguró que no cuestionan lo que se adeuda sino que se debió hacerlo de otra manera.
Señaló que lo relevante es que esa sentencia consigna que el propietario y poseedor de esos terrenos es el Gobierno del Estado, "y aunque les debemos se pagará conforme al avalúo".
Consideró que el pago por esas hectáreas no será por una fuerte cantidad, ya que son valores catastrales "ese es el punto de conflicto, por el que pensamos que tendríamos que impugnar".
Consideró que será a principios del próximo año cuando se pueda determinar ese monto a pagar.