A más de tres meses de que autoridades estatales firmaran compromisos para mejorar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí, los acuerdos siguen sin formalizarse ni traducirse en cambios concretos. Ante esta falta de avances, el Grupo Ciudadano de Trabajo (GCT) exigió fortalecer el Mecanismo Estatal de Protección y atender una serie de recomendaciones que, aseguran, permanecen pendientes.
El GCT está integrado por 33 periodistas y personas defensoras de derechos humanos vinculadas a 19 organizaciones y comunidades. Las propuestas surgieron de un ejercicio de monitoreo ciudadano realizado en colaboración con Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), organización civil que trabaja mediante el enfoque de derechos humanos, juventudes y género.
El diagnóstico fue presentado el 26 de noviembre de 2025 ante autoridades con atribuciones en la ley estatal en la materia. En esa reunión participaron representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quienes firmaron compromisos de colaboración. Sin embargo, el colectivo señaló que hasta ahora no existe una formalización oficial de esos acuerdos por parte de las instancias responsables del Mecanismo Estatal de Protección.
Entre las medidas urgentes planteadas por el grupo se encuentra la creación de un micrositio web gubernamental donde se publiquen guías para identificar incidentes de seguridad, protocolos para solicitar medidas de protección y el formulario de evaluación de riesgo. También demandaron transparentar los informes trimestrales y las estadísticas de la Unidad Estatal para la Protección, como lo establece el artículo 19 de la ley estatal, además de habilitar canales claros de contacto, como una línea telefónica, correo electrónico y un domicilio físico para atención directa.
El GCT también expresó preocupación por el proceso de renovación de la representación de periodistas y personas defensoras dentro del Mecanismo, al que calificó como irregular y excluyente. La convocatoria, señalaron, estableció barreras administrativas que limitaron la participación, lo que derivó en que quedara desierta la posición destinada a un hombre periodista. Para el colectivo, esta situación no refleja falta de interés ciudadano, sino una difusión deficiente y requisitos excesivos que terminan por obstaculizar la integración de voces en los espacios de decisión y retrasan la construcción de una política de protección preventiva e integral en el estado.