Consejeros y representantes de comunidades indígenas tének y náhuatl de la Huasteca potosina, rechazaron categóricamente la información difundida por la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el comunicado emitido el 19 de noviembre, donde ambas dependencias atribuyeron el bloqueo de recursos federales a procesos legales promovidos por “personas ajenas”.
Las comunidades señalaron que dicha versión es falsa y que tergiversa el sentido de las resoluciones judiciales.
De acuerdo con el pronunciamiento, los recursos bloqueados ascienden a 56 millones 228 mil 910 pesos, autorizados para 13 comunidades indígenas, lo que mantiene afectadas a 34 mil 991 personas de seis municipios de la región. Las autoridades comunitarias aclararon que los amparos fueron interpuestos por representantes indígenas legítimos, y no por actores externos, como aseguró el documento institucional.
Las comunidades también desmintieron que la suspensión de recursos provenga de una orden judicial. Afirmaron que el Juzgado Séptimo de Distrito, desde el 17 de julio de 2025, instruyó a la Secretaría de Bienestar a cumplir suspensiones que impiden reducir el presupuesto asignado, pero que en ningún momento ordenó frenar la entrega del dinero. Incluso remarcaron que el juzgado reiteró el 6 de agosto que la suspensión no implicaba detener la transferencia de recursos.
Pese a lo anterior, señalaron que la Secretaría de Bienestar mantiene el bloqueo mediante oficios internos, entre ellos BIE/DGDR111/5353/2025 y BIE/DGDR111/5531/2025, lo que consideran un incumplimiento directo a la resolución judicial. El juzgado, indicaron, volvió a requerir la liberación de los recursos el 14 de octubre, otorgando tres días para
el cumplimiento.
Los representantes indígenas también negaron la afirmación del comunicado oficial sobre que la controversia legal fue promovida por terceros, y acusaron a Bienestar e INPI de intentar confundir a la opinión pública, desacreditar a las comunidades y estigmatizar a sus asesores jurídicos. Agregaron que las dependencias han buscado dilatar el proceso mediante recursos legales presentados el 4 de agosto y el 14 de noviembre.