No habrá caras, ni rostros, ni frase “ex presidentes” en la consulta, y es falso quien esté difundiendo que el ejercicio democrático del próximo primero de agosto es una consulta para enjuiciar a ex presidentes, informó el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.
Para la consulta del primero de agosto habrá mil 262 casillas distribuidas en los siete distritos electorales federales y en los 58 municipios, y para entonces serán convocadas todas las personas con credencial de elector.
Recordó que no se trata de un proceso de elección de funcionarios, sino de una consulta pública y por lo tanto, las reglas son distintas y sin embargo, incluyen restricciones tanto para el gobierno como para los partidos políticos, que en esta ocasión no pueden intervenir.
La primera restricción incluye que a partir de este miércoles no deberá aparecer propaganda gubernamental en medios masivos de comunicación, ni mucho menos relacionada con esa consulta pública.
La segunda condición se refiere al hecho de que queda prohibida la participación con cuestiones de campaña o adoctrinamiento de partidos políticos para tratar de intervenir en la consulta pública.
Como parte de la vinculación entre la normatividad para la consulta, que es materia electoral y el sistema penal acusatorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la pregunta, por considerarla violatoria al principio de presunción de inocencia.
La pregunta modificada queda de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"
El proceso incluye la capacitación de funcionarios de casilla que se mantendrán pendientes del desarrollo de la consulta y de que no se inmiscuya en partidos ni gobierno, y un proceso de vigilancia para evitar el ejercicio de recursos públicos del propio gobierno o partidos políticos para influir en la consulta.