“En cualquier momento se van a emitir las sanciones que correspondan a los funcionarios que tengan una responsabilidad directa”, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
Dijo lo anterior luego que la Contraloría General del Gobierno (CGG) informó que ya resolvió la investigación administrativa en contra de tres funcionarios estatales inmiscuidos en el accidente del antro Rich, sin embargo, bajo el argumento de no afectar el “debido proceso” no informó los resultados de la misma.
Los investigados corresponden a Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC); José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Cuestionado sobre si habría cambios en tales instituciones ante la responsabilidad de las personas titulares, Torres Sánchez declaró que todo dependerá del grado de responsabilidad que tengan, inclusive, si hubiera destituciones sería por encontrarse la participación en un hecho grave.
En entrevista, expuso que la CGG inició las investigaciones internas, de cuyas diligencias se recabaron diversas indagatorias y recopilación de documentación, dando como resultado una resolución, es decir, “que en cualquier momento se van a emitir las sanciones que correspondan”.
“El estado está pendiente de ese asunto desde que sucedió. El estado y el gobernador nos han pedido que tendamos los puentes institucionales para estar atrás de las autoridades”.