El periodista vallense Christian Herrera Rubio, propietario de la página Código Rojo, fue denunciado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por halconeo en favor del crimen organizado, pero acabado procesado por una conducta ilícita distinta, la usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones o uniformes.
Acciones de la autoridad
Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), indicó que Herrera Rubio “es una persona que estaba por usurpación de funciones y él, el sábado se le concedió por parte del juez la suspensión condicional (…) condiciones que debe de cumplir un año. Él se comprometió a residir en Ciudad Valles”, expuso.
Por separado, Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, explicó que se decidió oficializar la querella, derivado de un seguimiento a las publicaciones de Christian Herrera, al considerar que se podría configurar halconeo.
Detalles confirmados
En entrevista, argumentó que el joven publicaba información de la operatividad de la corporación estatal previo a consumar una intervención policial contra el crimen organizado, es decir, ventilaba datos reservados que ponían en riesgo a la población y a los oficiales.
Ninguna de las dos fuentes explicó por qué en el seguimiento de la denuncia se cambió el delito que se le atribuía a dos distintos que provocaron su vinculación a proceso.
El delito de halconeo se incluyó en el Código Penal en mayo del año pasado a iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que propuso la adición del capítulo V, para sancionar la obstrucción de la seguridad pública y la vigilancia ilícita, que fue definida como “una práctica que implica la vigilancia, seguimiento, obtención y comunicación ilícita de información operativa de los cuerpos de seguridad, para beneficiar actividades delictivas o cometer delitos”.
La pena para este delito quedó con una pena de 5 a 12 años de prisión y una multa de entre 500 a 1200 Unidades de Medición y Actualización.
Sin embargo, en documentos de la FGE relacionados con el caso, como la orden de aprehensión emitida el 21 de mayo, aparece un delito distinto, el de usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones o uniformes.
(Con información de Jaime Hernández)