La organización civil Ciudadanos Observando señaló que de incrementar la tarifa del transporte público afectaría gravemente a las personas de menores ingresos, debido a la cantidad del sueldo que este sector destina al pago del transporte.
La organización recordó que el 62 por ciento de los usuarios del transporte público destina el 38 por ciento de su sueldo para pagar dicho servicio, de acuerdo con los datos compilados por la empresa consultora Felipe Ochoa y Asociados en el 'Plan de Movilidad Urbana del estado de San Luis Potosí'.
Ciudadanos Observando señaló que, de avalar un aumento que se prevé para el día 15 de enero, se estaría propiciando un impacto a las finanzas de las personas con menores ingresos y añadieron que el transporte público de la entidad ha sido criticado por su costo, aunado a la operación ilegal de muchas unidades, las cuales, exceden los 10 años de vida útil permitidos.
De acuerdo con una investigación realizada por la propia organización Ciudadanos Observando, se registró que el 31 por ciento del padrón oficial del transporte urbano en la entidad ópera fuera de su vida útil, lo que implica un total de 379 camiones.
Según la Ley de Transporte Público de San Luis Potosí, las unidades de transporte público no deben tener más de 10 años de antigüedad. Sin embargo, la organización encontró que muchas unidades continúan circulando a pesar de haber superado este límite.
Las sanciones por incumplir con esta norma incluyen multas de 20 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, así como la retirada del vehículo de la circulación.
Los permisionarios que más unidades vencidas mantienen en circulación son, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga con 76 unidades, Línea Guadalupe Siglo XXI con 49 unidades y Transportes Asociados Línea con 38 unidades.
La organización puntualizó que de las 379 unidades vencidas, 64 circulan con un año de vencimiento, 108 con dos años, 89 con tres años, 25 con cuatro años y 93 con cinco años o más.