La presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, respondió a las críticas sobre la regulación de concesiones y aseguró que existe desinformación respecto a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se analiza en el Congreso de la Unión. Algunos diputados federales han señalado que la iniciativa podría afectar a San Luis Potosí, pero García Martínez dijo desconocer los fundamentos técnicos de esas advertencias.
"No sé con qué argumento lo dicen, en qué estudio técnico o bajo qué criterio aseguran que le va a pegar a San Luis Potosí", señaló la diputada, recordando que el Plan Nacional Hídrico ya contempla varios proyectos para la entidad.
En cuanto a las concesiones, García Martínez aclaró que la reforma no busca eliminarlas ni impedir que se respeten los documentos existentes, sino regular y monitorear su uso. Según la legisladora, los más afectados serían los acaparadores de agua, y la intención es garantizar que las concesiones cumplan con la legalidad.
Destacó que la regulación es particularmente relevante en distritos de riego donde el agua destinada a la agricultura, en algunos casos, se vende a municipios. "El agua es un derecho, pero si se tiene que pagar un servicio, tiene que ser justo y equitativo para cada sector", afirmó, añadiendo la necesidad de una distribución equilibrada entre zonas urbanas y rurales.
La diputada morenista mencionó que, en la zona huasteca norte, incluyendo el municipio de Ébano, se han reportado ventas irregulares de agua, lo que ha generado tensiones. Argumentó que la reforma busca garantizar el acceso al agua, tomando en cuenta tanto a pequeños agricultores como a comunidades rurales que carecen de servicios básicos adecuados.
Por su parte, el diputado federal David Azuara Zúñiga, del PAN, expresó reservas sobre la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados. Afirmó que la centralización del control del agua podría afectar a millones de familias y productores potosinos, y criticó que el dictamen aprobado en comisiones mantenga elementos que, según él, "convierten el derecho al agua en un trámite que la Federación puede otorgar o negar".