La editorial Letra Púrpura denunció una serie de barreras, prácticas discriminatorias y violencia institucional durante el trámite de la Pensión para el Bienestar, así como en la obtención del certificado de discapacidad.
A través de un posicionamiento público, señalaron que el proceso, que debería garantizar un derecho básico, se ha convertido para muchos solicitantes en una experiencia "desgastante, excluyente y profundamente violenta".
Entre los problemas destacan obstáculos físicos en oficinas, trámites burocráticos excesivos, falta de información accesible y largos tiempos de espera en condiciones inadecuadas. Además, acusaron que persisten actitudes capacitistas dentro de las instituciones, lo que obliga a las personas con discapacidad a demostrar reiteradamente su condición.
De acuerdo con el pronunciamiento, estas situaciones no son casos aislados, sino parte de una violencia estructural que reproduce desigualdades. También advirtieron que la exigencia de documentos innecesarios o difíciles de conseguir, así como la falta de personal capacitado en temas de inclusión y derechos humanos, agrava la situación y genera procesos de revictimización.
Las personas afectadas indicaron que el acceso a este apoyo social no debería depender de la resistencia física, emocional o económica de quienes lo solicitan, ya que se trata de un derecho orientado a garantizar una vida digna.
Ante esta situación, exigieron a las autoridades mejorar de manera integral los procesos, incluyendo la creación de espacios accesibles, información clara en formatos incluyentes y capacitación obligatoria al personal.
También pidieron eliminar prácticas burocráticas y discriminatorias, así como establecer mecanismos efectivos de acompañamiento y denuncia.
Finalmente, subrayaron que las personas con discapacidad no buscan concesiones, sino el cumplimiento de sus derechos, y advirtieron que la pensión del Bienestar debe funcionar como una herramienta de justicia social, no como un sistema que perpetúe la exclusión.