La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado en San Luis Potosí mantiene vacíos que limitan la reparación del daño a ciudadanos afectados por la actuación gubernamental, advierte una iniciativa presentada ante el Congreso local.
El proyecto señala que el marco vigente no garantiza indemnizaciones completas ni procesos ágiles, lo que impacta directamente en el acceso efectivo a este derecho.
La propuesta, impulsada por el ciudadano Luis Ángel Contreras Malibrán, identifica omisiones clave en la legislación actual, como la falta de reconocimiento expreso del lucro cesante y el daño moral, así como la ausencia de reglas claras sobre intereses por demora.
También expone que no existen mecanismos accesibles de orientación para los reclamantes ni procedimientos abreviados para casos con evidencia suficiente, lo que prolonga los trámites.
Entre los cambios planteados se incluye la incorporación de ambos conceptos dentro de la indemnización, la sustitución del salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización como referencia económica y la obligación de las autoridades de establecer mecanismos permanentes de información, orientación y atención a las personas que inicien reclamaciones.
La iniciativa también propone regular la vigilancia institucional mediante un registro público digital de indemnizaciones con datos sobre número de casos, montos pagados, estado de cumplimiento y autoridades responsables, además de la emisión de informes anuales que identifiquen las causas administrativas que generan estos daños.
El proyecto incorpora un procedimiento abreviado para casos donde exista claridad en la relación entre la actuación administrativa y el daño, la remisión oficiosa de asuntos a autoridades competentes y la regulación de intereses por demora en el pago. De acuerdo con la iniciativa, sin estas modificaciones, el esquema actual mantiene limitaciones que obstaculizan una reparación integral frente a actos irregulares del Estado y los municipios.