El diputado local Héctor Serrano Cortés reconoció que su iniciativa para aplicar controles de confianza a aspirantes a cargos de elección popular puede generar "sospechosismo", pero defendió que el debate debe partir de una premisa: confiar en las instituciones públicas encargadas de certificar.
En entrevista con Pulso Online, el coordinador del Partido Verde en el Congreso del Estado sostuvo que la propuesta busca blindar el proceso electoral para evitar que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a gobiernos municipales, diputaciones o incluso a la gubernatura.
Sin embargo, admitió que el punto delicado no está en el objetivo, sino en el mecanismo: quién aplicaría las evaluaciones, con qué controles y cómo evitar que el gobierno en turno utilice la certificación como filtro político.
"Yo sé que pueden generar una expectativa diversa, que puede pensarse que tiene un sentido partidista o del partido que se encuentra en el poder. Yo sé que todo eso puede pasar por la mente de propios y extraños. No me extraña", dijo.
La iniciativa plantea la creación de una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática, que incluiría evaluaciones psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y de entorno social y económico para quienes busquen competir por cargos de elección popular.
Serrano insistió en que no se trata de partidizar el proceso, sino de institucionalizarlo, aunque aceptó que el hecho de que el control recaiga en órganos públicos puede abrir dudas entre partidos, ciudadanos y comunicadores.
"Yo no estoy hablando de partidizar. Estoy hablando de institucionalizar, que es totalmente distinto", afirmó.
El legislador fue cuestionado sobre el riesgo de que un gobierno pueda usar estas evaluaciones para bloquear perfiles incómodos o favorecer a candidatos afines. Respondió que esa será precisamente la discusión que deberá abrirse en el Congreso.
Serrano señaló que la propuesta no está cerrada y que será sometida a una mesa de análisis con los 27 diputados locales, no solo con las comisiones dictaminadoras. Aseguró que buscará el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas.
"No estamos cerrados a una propuesta a rajatabla como fue presentada", señaló.
El diputado también defendió que los controles de confianza son mecanismos ya utilizados en el país y los calificó como métodos científicos y profesionalizados. En ese sentido, planteó que si una institución emite una certificación falsa, la responsabilidad recaería en el órgano que la otorgue.
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la confianza en los órganos de gobierno. Serrano argumentó que, si se pretende blindar candidaturas frente al crimen organizado, debe existir algún mecanismo institucional que lo respalde.
"Si no le apostamos a la institución pública, no hablo específicamente del gobierno de San Luis Potosí, hablo de las instituciones que se encuentran a lo largo y ancho del país", expresó.
También reconoció que, por tratarse de una propuesta presentada por un diputado del Verde en un estado gobernado por el Verde, la sospecha política es inevitable, sobre todo rumbo al proceso electoral de 2027.
"Como quiera que sea, todo lo que tiene que ver con una referencia política va a implicar sospecha, una dirección y todo", admitió.
Serrano Cortés rechazó que la iniciativa vaya a aprobarse por "mayoriteo" y aseguró que, si esa fuera la intención, no se estaría convocando a una mesa de análisis. Dijo que el objetivo será escuchar propuestas para equilibrar el blindaje electoral con garantías de confianza para partidos y ciudadanía.
El legislador fue cuestionado también por la forma en que se presentó la iniciativa, luego de que no apareció previamente en la Gaceta Parlamentaria y llegó a sesión de forma sorpresiva. Aseguró que el trámite cumplió con los mecanismos del proceso legislativo, aunque defendió que el debate se abra antes de cualquier dictamen.
"Mientras se abre el debate, mientras haya posibilidades de perfeccionarlo, para eso es el debate", dijo.
Al final, Serrano sostuvo que el Congreso deberá resolver el dilema central: cómo impedir que el crimen organizado infiltre candidaturas sin entregar al gobierno en turno una herramienta que pueda ser vista como control electoral.