El comisariado y representante de los 328 comuneros de San Juan de Guadalupe, Rodolfo Valdés García, pidió tanto a las autoridades agrarias, ambientales como al propio Gobierno Federal que se respete la tenencia de la tierra, así como a sus derechos como propietarios de parte de la superficie de la Sierra de San Miguelito, que sin consultarlos tratan de expropiar para declararla Área Natural Protegida.
Valdés García dijo que en las últimas semanas, el tema del proyecto para la declaratoria se menciona en ámbitos políticos y gubernamentales, pero hasta ahora, nadie los toma en cuenta para evitar que parte de sus terrenos “sean expropiados de manera por demás ilegal”, pues ellos tienen la tenencia y la propiedad debidamente acreditada.
Consideró e insistió que ya en otras ocasiones, en casos como los terrenos de la Cañada del Lobo, Casa Blanca y la colonia General I. Martínez, las autoridades federales expropiaron las superficies, con el fin de beneficiar a la población, y con la firme promesa de pagar la indemnización a los comuneros, quienes hasta la fecha siguen sin recibir liquidación alguna, tanto de autoridades federales como estatales.
Precisó que de ninguna manera están en contra de la declaratoria, pero ésta se debe hacer con el pleno respeto a aquellos que son legalmente propietarios, y que se haga valer su derecho, porque de lo contario, lo que sucederá es una violación a la Ley que les afectará gravemente.
Afirmó que ellos como propietarios legales, buscan un diáfelogo con las autoridades, para evitar que sean despojados de sus terrenos, “pues es muy fácil disponer de la tierra por tratar de ganar simpatías, de supuesta conservación ambiental, pero no anteponen el derecho elemental del respeto a la propiedad”, cuestionó.
Dijo que tanto él como los 328 propietarios legalmente constituidos, buscan ser escuchados y que se reconozcan sus derechos, para evitar largos problemas legales, que no benefician a nadie y que solo terminarán por afectarlos a ellos.
Rodolfo Valdés dijo que ya buscan la ayuda de diputados locales, así como de otras instancias para tratar de que no se les despoje a la ligera de sus terrenos, y que la mejor solución es el respeto a su propiedad, y que la demás superficie sea declarada Área Natural Protegida de reserva.