La federalización de los sistemas de salud en la entidad implica riesgos financieros por, al menos, mil 233 millones de pesos el año entrante, estimó la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
De acuerdo al apartado de "Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas", incluido en la iniciativa de la Ley del Presupuesto de Egresos para el año entrante, esta suma se integra por partidas que el estado está obligado a aportar, así como por la reducción de partidas federales que correspondían a la entidad, pero que el año entrante no serán ya recibidas, debido a que la mayoría de las funciones ya están en manos del gobierno federal.
En total, la Secretaría de Finanzas calculó este riesgo financiero en mil 233 millones de pesos derivados de la transferencia al IMSS-Bienestar de las unidades estatales vinculadas a la atención médica directa a la población.
El documento menciona que el traslado de dos mil 254 plazas a la Federación, que inició en agosto, generó la retención de recursos, cuya cifra no se precisó, que recibía San Luis y que se quedarán en la Federación.
También sin precisar la suma, Finanzas establece que los pasivos con proveedores y prestaciones laborales también serán responsabilidad estatal.
La transición también genera "riesgos estructurales que podrían representar una presión financiera durante el ejercicio fiscal 2026".
Entre ellos, está la obligación de una aportación líquida por 290.2 millones de pesos, para sustituir a ministraciones que se hacían en especie.
Suma también otros 191.2 millones de pesos de otra aportación comprometida por un acuerdo de concurrencia.
Se incluyen 707.9 millones de pesos de una reducción, en contraste con lo recibido este año, prevista en la partida del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), correspondiente al Ramo 33.
Y el recuento finaliza con 44.3 millones de pesos que perdería el estado en devoluciones de ISR por la transferencia de la nómina al gobierno federal.
Como estrategias para enfrentar estos riesgos, Finanzas prevé dialogar con el IMSS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud federal para garantizar recursos adicionales por 707.9 millones de pesos, es decir, la reducción del FASSA.
En caso de que no se lograra ese objetivo, el gobierno potosino sería la entrega administrativa y jurídica de las unidades y hospitales que aún quedan en control del gobierno potosino.
Además, se buscaría que al Federación se haga cargo de la nómina de 387.3 millones de pesos del personal estatal de salud que está a cargo de la rectoría de salud y salud pública no transitable.