El abogado Luis González Lozano, vocero de la asociación Cambio de Ruta, expresó que la Secretaría de Finanzas (Sefin) carece del conocimiento y la capacidad técnica para determinar qué empresas y cuánto deben pagar por el gravamen ambiental y advirtió que, en manos de esta dependencia, el "impuesto verde" podría volverse un instrumento de corte meramente recaudatorio.
"El hecho de que la Secretaría de Finanzas determine qué empresas deben pagar y cuánto por sus emisiones contaminantes es profundamente problemático. La Sefin no tiene el conocimiento técnico ni la capacidad institucional para evaluar el impacto ambiental de las emisiones ni para establecer criterios justos y efectivos", expuso el jurista.
Consideró que la tarea debería encomendarse a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) o incluso, mejor, "a un organismo técnico independiente, con criterios científicos claros y transparentes".
El entrevistado vislumbró que, si la Sefin asume este papel, se corre el riesgo de que el impuesto se convierta en un simple mecanismo recaudatorio y pierda su verdadera función ambiental que es reducir las emisiones y desincentivar la contaminación.
Además, podría abrir la puerta a discrecionalidades y negociaciones políticas o económicas que favorezcan a ciertos sectores en detrimento del interés público y del medio ambiente, es decir, generar un ambiente propicio para la corrupción.
"Un impuesto verde bien diseñado debe basarse en mediciones confiables y en monitoreos constantes y criterios ambientales sólidos, no en cálculos fiscales. De lo contrario, se corre el riesgo de que las empresas paguen por contaminar sin ninguna mejora real en la calidad del aire, lo que haría que este mecanismo pierda legitimidad", concluyó.