Son tres las instancias encargadas en sancionar las anomalías en el manejo de los recursos públicos que se derivan de los informes de la cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado (ASE), señaló su titular, Rocío Cervantes Salgado.
En comunicado de prensa, la funcionaria detalló que la participación de estas instancias se define de acuerdo con el tipo de conducta determinada.
Los casos de fallas no graves, explicó, le corresponden a la Contraloría General o a las Contralorías Internas, dependiendo del ente infractor.
Las faltas graves, señaladas en la Ley General de Responsabilidades, compete al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Mientras que, si la conducta es configurada como delito, la responsabilidad es de la Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos la confianza de que nuestro trabajo será llevado a buen término en lo referente a sanciones, ya que son los niveles de impunidad los culpables de que la ciudadanía no confíe en las instituciones”, señaló Rocío Cervantes.
Ello, luego de la reciente conclusión de los Informes de Auditoría General e Individuales a las Cuentas Públicas 2020, y después de que fueron entregados a la Comisión de Vigilancia para su análisis y posterior aprobación en el pleno del Congreso del Estado, a más tardar el 15 de noviembre.
Una vez que el organismo fiscalizador cumplió con la presentación de los informes, cuenta con 10 días hábiles para notificar formalmente el pliego de observaciones determinadas a los entes públicos y exfuncionarios que estuvieron a cargo durante el ejercicio 2020, para que dichas observaciones puedan ser argumentadas y solventadas en un período de 30 días hábiles, a partir de la fecha de notificación.
En este sentido, la ASE está preparada ya para la recepción de documentos con los posibles desahogos.
Son tres las instancias encargadas en sancionar las anomalías en el manejo de los recursos públicos que se derivan de los informes de la cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado (ASE), señaló su titular, Rocío Cervantes Salgado.
En comunicado de prensa, la funcionaria detalló que la participación de estas instancias se define de acuerdo con el tipo de conducta determinada.
Los casos de fallas no graves, explicó, le corresponden a la Contraloría General o a las Contralorías Internas, dependiendo del ente infractor.
Las faltas graves, señaladas en la Ley General de Responsabilidades, compete al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Mientras que, si la conducta es configurada como delito, la responsabilidad es de la Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos la confianza de que nuestro trabajo será llevado a buen término en lo referente a sanciones, ya que son los niveles de impunidad los culpables de que la ciudadanía no confíe en las instituciones”, señaló Rocío Cervantes.
Ello, luego de la reciente conclusión de los Informes de Auditoría General e Individuales a las Cuentas Públicas 2020, y después de que fueron entregados a la Comisión de Vigilancia para su análisis y posterior aprobación en el pleno del Congreso del Estado, a más tardar el 15 de noviembre.
Una vez que el organismo fiscalizador cumplió con la presentación de los informes, cuenta con 10 días hábiles para notificar formalmente el pliego de observaciones determinadas a los entes públicos y exfuncionarios que estuvieron a cargo durante el ejercicio 2020, para que dichas observaciones puedan ser argumentadas y solventadas en un período de 30 días hábiles, a partir de la fecha de notificación.
En este sentido, la ASE está preparada ya para la recepción de documentos con los posibles desahogos.