Al tomar la titularidad de la institución se detectaron expedientes jurídicos de sanción contra presuntos responsables no resueltos, es decir, no se aplicó sanción o se promovió imputación; algunos databan de 2005, reportó Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La entrevistada expuso que dichos asuntos provocaron una carga de trabajo extra en el ente fiscalizador, dado que debían resolverse para no seguir siendo omisos como sucedió en las administraciones anteriores, y evitar que prescribieran.
Recordó que se creó un grupo especial de litigadores, dedicados a concluir el trabajo rezagado, y así emitir las sanciones correspondientes, pues los demás fiscalizadores continúan en las revisiones de los ejercicios subsecuentes para no generar retraso en la actual administración.
Cervantes Salgado reportó que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado instruyó para que el Órgano Interno de Control de la ASE inicie una indagatoria sobre los probables responsables “que generaron que no se hiciera nada en su momento para poder determinar y sancionar a los ex funcionarios”.
“Cuando nosotros nos hacemos cargo de la Auditoría, nos damos cuenta que había un monto considerable de expedientes que iban desde 2005, 2006, 2007, sobre los que no se habían tomado ninguna resolución, ni se había hecho ninguna sanción hacia las personas presuntas responsables”, señaló.