El Colectivo Praxis Combativa manifestó su rechazo al incremento autorizado para la tarifa del transporte urbano en la Zona Metropolitana, el cual pasó de 12.50 a 13.50 pesos, al considerar que la decisión es "arbitraria, injusta e ilegal" y vulnera la economía de los usuarios.
En un posicionamiento público, la organización acusó al Gobierno del Estado de violar la Ley de Transporte Público al aprobar un ajuste que, aseguran, supera los límites que dicta la legislación.
Argumentaron que el artículo 94 establece que el incremento debe ser proporcional a la inflación anual, la cual cerró 2025 en 3.69 por ciento. Según su cálculo, el aumento legal no debía rebasar los 46 centavos, por lo que la nueva tarifa implica más del doble de lo permitido.
El colectivo también señaló que la decisión carece de sustento técnico, pues el ajuste representa un incremento del 8 por ciento, cifra que indicaron supera por amplio margen los indicadores económicos y responde más a acuerdos políticos con concesionarios del transporte que a criterios de movilidad.
A ello agregaron que el sector incumple condiciones mínimas para justificar un alza tarifaria, ya que sigue operando con unidades rebasadas en antigüedad, sin mejoras visibles en seguridad ni trato adecuado al usuario.
"La ley indica que el ajuste debe acompañarse de mejora en el servicio, y eso no está sucediendo", señalaron.
Praxis Combativa exigió la revocación inmediata del aumento y la aplicación de una tarifa de 13 pesos como máximo, además de transparentar el dictamen con el que se avaló el ajuste y las listas oficiales de camiones que no cumplen con los estándares establecidos.
La organización llamó a la ciudadanía a movilizarse contra el incremento, iniciar acciones legales y promover un amparo colectivo. Incluso invitó específicamente a usuarios con tarjetas de prepago a sumarse a procesos jurídicos. "Es momento de organizarse y luchar por lo que es justo", señalaron.
El posicionamiento concluye con un llamado a la defensa del transporte digno, seguro y accesible, y a no dejar pasar lo que califican como una imposición irregular.