Las comunidades Mazahua, Mixteca Baja y Otomí, residentes en la capital potosina, denunciaron que fueron excluidas del proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Su inconformidad quedó asentada en un posicionamiento entregado al Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el que exigieron respeto a sus derechos colectivos y participación efectiva en las decisiones que les afectan.
En el documento, representantes comunitarios calificaron como grave la falta de consulta, al considerar que se trata de un mecanismo fundamental para garantizar que los pueblos originarios intervengan en los procesos legislativos relacionados con sus derechos, su organización y su futuro.
Advirtieron que este procedimiento no debe reducirse a una formalidad administrativa ni limitarse a determinados sectores de la población indígena.
También señalaron que la exclusión institucional persiste en San Luis Potosí, donde las comunidades indígenas asentadas en zonas urbanas enfrentan dificultades para obtener reconocimiento y acceder a mecanismos de participación y políticas públicas. Sostuvieron que migrar o establecerse fuera de sus territorios ancestrales no implica perder su identidad ni los derechos que les corresponden.