El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones económicas a todos los partidos políticos en San Luis Potosí por anomalías detectadas en los informes de ingresos y gastos de campaña del proceso electoral local 2023-2024.
La suma generada por las irregularidades asciende a casi 21 millones de pesos.
De acuerdo con la síntesis publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de marzo del actual año, las faltas corresponden principalmente a inconsistencias en el manejo de recursos, lo que derivó en multas directas y, en la mayoría de los casos, en reducciones a sus ministraciones de recursos.
Sanciones económicas y partidos afectados
Entre los montos más elevados destaca el caso del PVEM, que acumuló sanciones por un total de 5.5 millones de pesos.
Movimiento Ciudadano también figura entre los partidos con mayores afectaciones económicas, con un total de 3.5 millones de pesos. En tanto, Morena registra sanciones por 1.3 millones de pesos.
En el caso del PAN, las sanciones alcanzan un total de 2.1 millones de pesos. Nueva Alianza San Luis Potosí suma 2 millones de pesos, mientras que Conciencia Popular acumula 1.5 millones de pesos.
Por su parte, el PRI registra sanciones por 601 mil 888.85 pesos, mientras que el PT acumula 350 mil 500.29 pesos. En tanto, el PRD reporta un total de 95 mil 133.84 pesos en sanciones.
En el caso de fuerzas políticas locales y de reciente registro, el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí acumula sanciones por 3.2 millones de pesos, mientras que el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí registra un total de 337 mil 757.74 pesos.
Procedimientos y causas de las sanciones
El documento también refiere casos en los que las sanciones fueron revocadas parcialmente tras procesos de impugnación, como ocurrió con algunas determinaciones que involucraron a Movimiento Ciudadano y al PT, lo que derivó en ajustes a los montos originalmente establecidos.
Las faltas señaladas por la autoridad electoral se relacionan, en su mayoría, con omisiones en la comprobación de gastos, inconsistencias contables y reportes incompletos, lo que activó los mecanismos de fiscalización del INE.