La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí no cumplió las metas de la mayoría de los indicadores previstos para el año pasado, entre ellos, el registro de vinculaciones a proceso y sentencias dentro de las carpetas abiertas en la entidad.
Lo anterior queda expuesto en el Informe Anual de Labores 2023 de la Fiscalía Especializada en Control (Fecor) de la FGR, la instancia interna que evalúa el desempeño institucional de los diversos órganos de la instancia que dirige Alejandro Gertz Manero.
El reporte presenta un estudio estadístico sobre los avances que las delegaciones estatales presentan en materia de carpetas de investigación judicializadas.
Sobre los documentos que han llegado a esa fase, San Luis presentaba en 2023 una carga acumulada de dos mil 485 expedientes.
De ellos, sólo 313 habían sido judicializados, de las cuales 183 contaban con detenidos y 130 con presuntos responsables capturados. Esa cifra representa apenas el 12.5 por ciento, cifra inferior al piso mínimo de la dependencia, según expresa el reporte, que es de 18 por ciento. En 2022, el avance fue inferior, del apenas 6 por ciento.
La delegación potosina de la FGR tampoco alcanzó la meta de carpetas de investigación abiertas el año pasado con respecto al año anterior, pues sólo superó en 17 por ciento, cuando el mínimo a lograr era de 27%.
Por otra parte, en lo que respecta a las carpetas que alcanzaron a vincular a proceso a los acusados, el mínimo aprobatorio era del 93 por ciento de los casos, pero la delegación en la entidad tuvo éxito en 91%.
En cuanto a las investigaciones que concluyeron con la determinación de no ejercicio de la acción penal, de mil 985 expedientes, mil 595 concluyeron de esa forma, el 80 por ciento, cuando las previsiones toleraban sólo un 77 por ciento.
Sobre las sentencias, sólo 4 carpetas llegaron a esa fase y de ellas, en dos hubo fallo absolutorio. El 50% de éxito se quedó por debajo del 80 por ciento exigido como meta.
En otro tema, sobre la solicitud de autorización judicial para "actos de investigación", la FGR revela que en San Luis Potosí obtuvo permiso para intervenir llamadas telefónicas en dos casos y en otro par de investigaciones, el acceso a datos conservados por empresas telefónicas.
La medida más frecuente que fue autorizada fue el cateo, con 7 casos. También hubo un caso en el que se permitió la exhumación de un cadáver.