El Congreso del Estado mantiene sin dictamen, desde marzo de 2024, una iniciativa que busca garantizar autonomía presupuestal al Poder Judicial mediante un piso mínimo de 3 por ciento del presupuesto estatal. Más de dos años después, la propuesta continúa en el proceso legislativo y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no ha establecido una fecha para resolverla.
La iniciativa fue presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín y la entonces diputada Ema Idalia Saldaña Guerra. El planteamiento busca que los recursos del Poder Judicial no dependan cada año de las decisiones presupuestales del Ejecutivo y el Legislativo, mediante una asignación mínima establecida en la legislación.
De la Garza Marroquín señaló que, entre 2016 y 2026, el presupuesto estatal aumentó 78 por ciento, mientras que el correspondiente al Poder Judicial creció 48 por ciento. A esto se suma la carga de trabajo: durante 2024 ingresaron 42 mil 184 asuntos y el año cerró con 41 mil 950 pendientes, de acuerdo con las cifras expuestas por el promotor de la iniciativa.
Ante ello, el diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Jucopo, explicó que las propuestas ciudadanas deben ser revisadas por los asesores legislativos antes de avanzar en su proceso. Señaló que algunas iniciativas presentan imprecisiones y requieren una revisión especializada en derecho parlamentario. Sobre la autonomía presupuestal del Poder Judicial, indicó que la propuesta continúa presentada, sin precisar cuándo será dictaminada.
"En el caso, por ejemplo, de las iniciativas presentadas por Ciudadanos, saben ustedes que pasa por un proceso con los propios asesores y hemos notado que en muchos de los casos hay una gran cantidad de imprecisiones, no es lo mismo ser abogado que tener una especialidad en derecho parlamentario. Yo creo que el derecho parlamentario es muy especializado y con esto no quiero decir que no se revise cualquier propuesta ciudadana, pero tiene que revisarla los asesores, entonces es un proceso", señaló el legislador del PVEM.
La propuesta establece que una mayor asignación presupuestal no debe traducirse en ausencia de controles. De la Garza Marroquín plantea que la autonomía financiera debe acompañarse de fiscalización y rendición de cuentas, bajo el argumento de que la independencia del Poder Judicial también depende de contar con recursos suficientes para operar sin quedar sujeto a decisiones presupuestales de otros poderes.