A pesar de las críticas a su iniciativa, la diputada Laura Patricia Silva Celis continuará buscando la homologación de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, subrayando que no se trata de convertir a los consejeros en empleados de Gobierno, sino de que tengan plenos derechos y obligaciones en el cumplimiento de su función.
“Me parece que se está observando solamente un aspecto, sin analizar el contexto general. Se trata de armonizar la ley estatal con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En esta última, en su artículo 17, señala que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tendrán contrato por honorarios y sin prestaciones, garantizando así la objetividad de sus aportaciones”, explicó.
Añadió que el artículo 108 de la Constitución mexicana otorga calidad de funcionarios públicos a los miembros de organismos autónomos como el Sistema Nacional Anticorrupción, así como a los estatales, además de que el artículo 127 de la misma Carta Magna señala la obligación de otorgar “una remuneración adecuada e irrenunciable” a dichos funcionarios.
“La iniciativa que presenté no busca que se les basifique, no se trata de convertirlos en empleados gubernamentales para comprometer sus decisiones, sino de crear el marco jurídico adecuado en torno a ellos para que el día de mañana, si incurren en alguna falta como servidores públicos, también se les pueda sancionar por ello”, concluyó la legisladora.