Integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron este lunes por unanimidad, “a cautela” o de manera previsora, la realización en San Luis Potosí de la consulta para la revocación de mandato presidencial a la espera de que se destrabe el problema político - presupuestal para la asignación de recursos federales a este ejercicio democrático, el primero en la historia del país.
Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, presidente del recién instalado Consejo Local, precisó que para dicha consulta se requieren alrededor de tres mil 800 millones de pesos a nivel nacional, de los cuales el INE podría poner sobre la mesa mil 500 millones y esperar que el Gobierno de la República y concretamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aporte el resto aun cuando ese dinero no haya sido previsto en el Presupuesto de Egresos 2022.
También se debe revisar si sus promotores lograron recolectar dos millones 800 mil respaldos válidos.
En San Luis Potosí, dijo el funcionario electoral, la consulta implicará habilitar, al menos, las 162 mil casillas del más reciente proceso electoral o quizás más, porque de abril de 2021 a la fecha, ya se ha movido el padrón electoral.
Para el estado potosino no hay una cifra de recursos particular, ya que el presupuesto nacional se aplicará de manera integral, sin sumar requerimientos adicionales de los estados.
La sesión de hoy del INE y la instalación del Consejo Local, se realizó por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral de la Federación, con el fin de avanzar en los trabajos preparatorios de la consulta, pero a reserva de que el tema político - presupuestal se resuelva en la Cámara de Diputados y con el Poder Ejecutivo de la Federación, y que el Consejo General del INE pueda declarar procedente la consulta con base en las firmas de respaldo válidas.
Aispuro Cárdenas concluyó con la afirmación de que organizar elecciones que cumplan con las prerrogativas de ley y garanticen el respeto a los derechos político - electorales de las y los ciudadanos, no es responsabilidad única del INE, sino del Estado mexicano en su conjunto.