Desde el año pasado y en lo que va de 2018, se ha brindado asesoramiento y canalización a poco más de 50 mujeres potosinas para que interrumpan su embarazo, informaron integrantes del colectivo “La Colegia de Themis”.
Las jóvenes que pertenecen a la agrupación feminista, comunicaron que han atendido a féminas desde los 21 años hasta los 38 años de edad, quienes son estudiantes, profesionistas, madres solteras o mujeres casadas.
Reportaron que los casos más complicados son canalizados a la capital del país, y quien busca llevar a cabo el aborto se les instruye sobre qué debe de hacerse, “abogando por el derecho a la información”, pero las mujeres deciden si se realizan el procedimiento.
Las activistas en favor de los derechos de las mujeres, notificaron que la atención gratuita brindada consiste en llevarlas a la Ciudad de México –donde es legal el aborto-, obteniendo becas con asociaciones como Fondo María, que otorga facilidades a la chica solicitante.
“Nosotras como colectiva que somos la Colegia de Themis, ayudamos y canalizamos a mujeres que quieren terminar su embarazo dentro de lo que sea posible, con este me refiero a las semanas”, indicaron.
Tras la revelación del caso de un presunto aborto de una mujer de 19 años de edad, suscitado el 21 de abril pasado, activistas y académicas evaluaron en días posteriores a esa fecha, que era necesario analizar la despenalización del aborto en San Luis Potosí, pues la ley actual abona a la criminalización de las mujeres.
Uno de sectores que se pronunció al respecto fue Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaría de Salud en el Estado, quien argumentó que en un momento dado, serían los médicos de la dependencia quienes realizarían dichos procedimientos de aborto -en caso de una aprobación en la ley-.
Según el Código Penal del Estado, en el Artículo 148 señala que: “A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.
Sin embargo, en el Artículo 150 acota que es excluyente: “Aquella sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida; de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”.
El 14 septiembre de 2017, la Encuesta Nacional 2017 “¿Conservadores o Liberales?”, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), reveló que el 49.8 por ciento de los potosinos están de acuerdo en que fuera legal que una fémina optara por la interrupción voluntaria del producto fetal de 12 semanas.