Juan Ramón Infante Guerrero, padre de uno de los jóvenes fallecidos en el antro Rich, señaló a cuatro dependencias de la administración estatal de coludirse para otorgarle permisos de funcionamiento a ese establecimiento.
En entrevista, Infante Guerrero indicó en un texto enviado a este diario que es "decepcionante y lamentable que la Contraloría General del Estado, a cargo de Sergio Arturo Aguiñaga, oculte esta información y con ello encubra tanto a Protección Civil como a la Dirección de Gobernación, a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Finanzas que están coludidos con los permisos de funcionamiento del antro Rich".
Infante Guerrero lamentó ayer que haya sido necesario recurrir a la justicia federal para obligar el gobierno estatal a proporcionar información de las investigaciones de la Contraloría en torno a los funcionarios estatales involucrados en el tema del accidente ocurrido hace poco más de un año.
"Es triste tener que recurrir a una demanda de amparo federal contra el Gobierno del Estado como víctimas, con lo cual somos revictimizados ante esta ingobernabilidad que prevalece, señaló.
Infante Guerrero reclamó que, a más de un año de los hechos, no existe una respuesta clara por parte del gobierno estatal respecto a los funcionarios responsables, salvo los tres detenidos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo ahora de Manuela García Cázares.
"De ahí en fuera, pareciera que obstaculizan desde más arriba del gobierno la investigación contra los funcionarios responsables, ocultando la investigación de la Contraloría. Ojalá que con el amparo fluya más el proceso y las investigaciones de este lamentable accidente que nos afectó a todos los potosinos y principalmente a nosotros como padres y familiares", concluyó Infante Guerrero.