La Auditoría Superior de la Federación (ASF) obligó la devolución de 17.8 millones de pesos en recursos no ejercidos por el Colegio de Bachilleres en la entidad, que la institución mantuvo de forma irregular.
Por esta situación, el Cobach es la institución potosina con el mayor monto observado en el segundo paquete de auditorías realizadas por la ASF al ejercicio de recursos de 2024.
Lo anterior queda expuesto en la auditoría de cumplimiento 2024-E-24003-19-1670-2025 al gasto federalizado transferidos a las instituciones de educación media superior.
La ASF auditó 466.4 millones de pesos del presupuesto ejercido por el Cobach el año pasado.
En su punto número ocho, el reporte señala al primer trimestre de este año, el Cobach mantenía 17 millones 897 mil 800 pesos no ejercidos del presupuesto del año pasado.
El órgano fiscalizador indicó que el Cobach tenía la obligación de reintegrar la suma por falta de ejercicio, además de 17 mil pesos generados como rendimientos financieros.
La ASF externó que por su intervención, el Cobach reintegró la suma a la Tesorería de la Federación (Tesofe), aunque de forma extemporánea.
Además, el reporte expone que una suma de monto similar, 17 millones 914 mil 800 pesos, se devolvió a la Federación, sin que se precisara si la devolución fue echa en tiempo o si también fue hecha de modo extemporáneo.
Ambas sumas que, finalmente, el Cobach no ejerció, sumaron 35.8 millones de pesos.
La ASF indicó que el Órgano Interno de Control del Cobach le confirmó la apertura de una investigación para determinar posibles responsables administrativas entre sus funcionarios.
El reporte de la ASF también da cuenta de la devolución de casi 700 mil pesos pagados indebidamente a 5 trabajadores como comisión sindical. Además, detectó a 35 empleados contratados sin cumplir con el perfil de puesto y sin los grados académicos requeridos.
Adicionalmente la ASF expuso que el Cobach asignó contratos de manera directa, pero no entregó documentos sobre la justificación de excepción del contrato para poder asignarlo directamente, ni cotización y fianza e incluso, ningún contrato, por lo que le resultó imposible constatar sus condiciones.
En este caso, la instancia fiscalizadora también inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades.