En lo que va de la actual administración, en la entidad potosina se abrieron 18 carpetas de investigación por el delito de aborto en la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, hoy 28 de septiembre, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisan que entre octubre y diciembre del 2021, la FGE inició tres investigaciones.
Posteriormente, reportan que durante el 2022 se contabilizaron nueve indagatorias por dicho tipo penal; y seis denuncias penales entre enero y julio del 2023.
Al respecto, José Luis Ruiz Contreras, titular de la FGE, justificó recientemente que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado criterios para no penalizar la interrupción del embarazo, la institución debe continuar en la apertura de las denuncias, porque todavía está penado en San Luis Potosí.
Aparte, Gloria Serrato Sánchez, titular del Instituto de las Mujeres del Estado (Imes), reconoció que, en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) no se ha planteado tal iniciativa y "si se lleva a esta mesa lo analizamos", añadió.
En la actualidad, el Código Penal del Estado en el artículo 148 señala que a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), es decir, de 10 mil 374 a 31 mil 122 pesos.
Este año, ya existen dos iniciativas en el Congreso del Estado que proponen la interrupción legal del embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación.
En un panorama nacional, son 12 de 32 entidades, donde ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo.